Málaga da un golpe de timón a su modelo turístico. El Ayuntamiento de la capital andaluza ha aprobado una moratoria de tres años —desde agosto de 2025 hasta agosto de 2028— durante la cual no concederá nuevas licencias para hoteles ni para Viviendas de Uso Turístico (VUT), con el objetivo de reformular su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y reequilibrar el uso turístico frente al residencial.
La medida, anunciada por el alcalde Francisco de la Torre, se presenta como una pausa técnica y estratégica para «hacer compatible el turismo, como motor económico y de empleo, con el derecho a la vivienda». En sus propias palabras, se trata de un «periodo de reflexión y trabajo sosegado», el más ambicioso de los adoptados hasta la fecha en la ciudad.
No es la primera vez que Málaga actúa sobre el Alojamiento Flexible. La moratoria representa en realidad la tercera fase de una política de restricción progresiva que arrancó en 2024:
- Junio de 2024: Prohibición de alta de nuevas VUT sin entrada y servicios independientes del edificio.
- Enero de 2025: Veto a nuevas inscripciones en 43 barrios donde las VUT superaban el 8% del parque residencial, ampliado posteriormente a 53 barrios —el 16,7% del total residencial—, con otros 29 barrios en franja de crecimiento acotado.
- Verano de 2025: Moratoria total de tres años para cualquier nueva licencia turística en toda la ciudad.
Las cifras detrás de la decisión son elocuentes: Málaga capital registra actualmente 12.754 Viviendas de Uso Turístico con licencia, de las cuales 8.596 se encontraban activas en el momento del anuncio. Pese a las medidas previas, el registro de nuevas VUT en la ciudad siguió creciendo un 3,8%, un ritmo inferior al del resto de la provincia (10,5%) y al conjunto de Andalucía (11,5%), pero que el Ayuntamiento considera insuficiente para revertir la presión sobre el mercado residencial.
Durante los tres años de moratoria, el consistorio se propone reformular la normativa del PGOU para establecer criterios concretos de distribución territorial, densidad máxima por zonas, regulación del acceso, accesibilidad y requisitos de convivencia vecinal. Los operadores con licencias ya concedidas podrán seguir funcionando con normalidad; la paralización afecta exclusivamente a nuevos proyectos.
La medida no ha estado exenta de tensión política. El portavoz de Con Málaga (Podemos–Izquierda Unida), Nico Sguiglia, ha calificado la situación de «emergencia habitacional indiscutible» y ha criticado que el equipo de gobierno del Partido Popular continuara autorizando proyectos incluso mientras debatía la moratoria: solo en diciembre pasado se concedieron licencias para siete nuevas operaciones de apartamentos turísticos que incorporarán cerca de 50 nuevos alojamientos al mercado.
El caso malagueño anticipa un debate que está lejos de resolverse. La moratoria plantea interrogantes de fondo para inversores y operadores de Alojamiento Flexible en España: ¿hasta qué punto la ausencia de una normativa estatal o autonómica clara está empujando a los municipios hacia soluciones unilaterales y de largo alcance? El propio Francisco de la Torre ha reclamado un marco legal nacional o autonómico para poder implementar también una tasa turística, subrayando que la fragmentación regulatoria es hoy uno de los mayores riesgos para la planificación del sector. Lo que ocurra en Málaga en los próximos tres años marcará un precedente ineludible para el resto de destinos urbanos españoles.
