Las asociaciones que representan a las empresas operadoras profesionales de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en Andalusia y Catalonia han decidido actuar juntas. AVVAPro y Federatur han formado un frente común para rechazar la subida del IVA al 21% prevista para el sector y tratar de evitar que llegue a entrar en vigor.
Tienen margen para intentarlo. La medida figuraba en el real decreto ley de Vivienda que el Gobierno preveía llevar al Consejo de Ministros el martes, pero su aprobación se ha aplazado a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios. Ese retraso es precisamente la ventana que las patronales quieren aprovechar.
La alianza no se queda en dos comunidades. Sumadas a otras organizaciones de menor representación, las firmantes reúnen el 60% de la oferta profesional de España. Ignacio Calandria, gerente de AVVAPro y ponente en Vitur Summit 2026, lo resume al explicar que el sector «ha entendido la necesidad de trabajar unidos para defender sus intereses».
El argumento que esgrimen es de neutralidad fiscal. Los servicios de alojamiento en hoteles tributan a un IVA reducido del 10%, de modo que las asociaciones reclaman «un trato igualitario» y advierten de que el salto al tipo general sería «crítico» para el sector y tendría «un gran impacto en las familias». No están solas en esa lectura: la Federación Española de Familias Numerosas ya había trasladado su preocupación, porque el incremento acabaría repercutiéndose al consumidor en el precio del alojamiento.
Conviene fijarse en un matiz del comunicado conjunto, porque marca el tono de la posición. Las patronales afirman compartir «plenamente el objetivo de equilibrar el desarrollo económico derivado del turismo con la protección del derecho a la vivienda». No discuten el problema de fondo ni niegan la tensión sobre el parque residencial: discuten el instrumento elegido para abordarla.
Lo que se juega aquí va más allá de once puntos porcentuales. Si el alojamiento profesional gestionado tributa como un consumo general y el hotel como alojamiento, el sistema fiscal estará afirmando que no son la misma actividad, justo cuando el mercado lleva meses demostrando lo contrario: cadenas internacionales poniendo su bandera sobre apartamentos con servicios, fondos tratando ambos productos como una misma cartera y operadores que gestionan indistintamente estancias de tres días o de tres meses. Y hay una consecuencia práctica que el sector hará bien en anticipar: una brecha fiscal de esa magnitud empujaría todavía más el desarrollo hacia el Flexible Accommodation sobre suelo terciario con licencia hotelera, que sí encaja en el tipo reducido, y dejaría a la vivienda de uso turístico en residencial como la opción fiscalmente más castigada. La regulación urbanística ya empujaba en esa dirección; la fiscal podría acabar de cerrar el camino.
