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Livensa Living ha abierto su cuarta residencia en Barcelona, con 400 camas en la Avinguda del Paral·lel, coincidiendo con el arranque del curso. La apertura llega en la misma ciudad que lleva dos años estrechando el cerco sobre el piso turístico: la misma actividad de alojar, dos categorías de licencia y dos destinos opuestos.

Un borrador de la Affordable Housing Act al que han tenido acceso Euractiv y Reuters permitiría a las ciudades limitar el uso de vivienda residencial para fines distintos de la residencia principal. Contempla topes cuantitativos y cláusulas de derecho adquirido para los operadores ya establecidos, y exige demostrar tres años de perjuicio antes de aplicar cualquier restricción.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no se movieron ni un punto en julio respecto al año pasado, según el INE. Lo que sí cambió fue todo lo demás: los precios subieron un 6,2%, la estancia media cayó un 7,3% hasta 4,8 noches y el cliente español ganó peso mientras el extranjero lo perdía.

Los cuatro proyectos de Alojamiento Flexible más comentados del verano tienen algo en común: ninguno se levanta sobre suelo residencial. Salen de una fábrica de cerveza en Sevilla, de unas oficinas agotadas en el barrio de Salamanca, de un edificio del XIX en Malasaña y de unas oficinas en Florencia. No es una moda estética, es la consecuencia directa de la regulación.

Entre junio y agosto se anunciaron un fondo de 257 millones, una fusión con 250 bajo gestión, una financiación de 180 y la entrada de una aseguradora en el capital de una gestora. Puestas en fila, esas operaciones dibujan una línea muy clara: la deuda bancaria aparece cuando hay un activo estabilizado detrás, y solo entonces.