El Consejo de Ministros ha nombrado a Leire Iglesias secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Releva a David Lucas, que falleció el pasado 20 de julio. Iglesias llega desde la presidencia de Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo que ella misma se encargó de crear y poner en marcha dentro del Ministerio, y cuya presidencia ocupaba desde su constitución.
El nombramiento importa a este sector por una razón de calendario. En julio contábamos aquí que la subida del IVA al 21% para el alojamiento turístico, incluida en el real decreto ley de Vivienda, se había aplazado a septiembre por falta de apoyos parlamentarios. Estamos en septiembre, y quien ocupa ahora ese despacho es otra persona.
Conviene mirar la trayectoria, que está documentada y es extensa. Antes de Casa 47, Iglesias fue consejera de movilidad, transporte y vivienda de la Junta de Extremadura. Durante su mandato se aprobó el Plan de Vivienda 2022-2027 y la modificación de la ley autonómica de promoción y acceso a la vivienda, y se pusieron en marcha un fondo de garantía de adquisición, un mecanismo de garantía de alojamiento y realojamientos y un impuesto a las viviendas vacías vinculado al cumplimiento de su función social.
Antes de eso fue portavoz de vivienda del Grupo Socialista en el Congreso, donde participó como ponente en los proyectos de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana; en el de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler; y en el de protección a los deudores hipotecarios. También fue ponente de las proposiciones sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
Es una carrera construida entera en el lado del acceso a la vivienda. No conviene deducir de ahí ninguna decisión concreta —los nombramientos no anticipan votaciones—, pero sí explica por qué el sector debería seguir de cerca ese despacho: los expedientes que nos afectan son precisamente aquellos en los que la política de vivienda y el alojamiento temporal se cruzan.
Y hay varios abiertos a la vez. Además del IVA, el Congreso arrancó en octubre de 2025 el debate de una ley específica para ordenar el Alojamiento Flexible, y sigue en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En paralelo, los ayuntamientos han ido por libre: Málaga con moratoria y suelo residencial blindado, Barcelona retirando licencias, Valencia dando de baja miles de viviendas turísticas.
El mismo Consejo de Ministros nombró a Maribel Ramos Vergeles presidenta de Casa 47. Ramos dirigía el Parque de Vivienda Asequible de la entidad y antes fue subdirectora general de Hogar Sí.
Para un operador, la pregunta útil no es quién ocupa el cargo, sino cuál de esos expedientes se mueve primero y en qué categoría queda encuadrada esta actividad. Ahí está el asunto de fondo que lleva dos años sin resolverse: si el alojamiento temporal profesionalizado se trata como alojamiento o como vivienda. De esa clasificación dependen el tipo de IVA que se paga, la licencia que se concede y el suelo sobre el que se puede construir. Todo lo demás son consecuencias.
