La moratoria de tres años que el Malaga City Council aprobó para la implantación de nuevos establecimientos de alojamiento turístico ya tiene respuesta formal del sector. La patronal hotelera de la Costa del Sol, Aehcos, y la asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía, AVVAPro, han presentado alegaciones. Las dos coinciden en lo esencial: la medida no resolverá el problema de acceso a la vivienda.
El argumento de Aehcos es de coherencia técnica. Según la patronal, el expediente municipal basa su análisis en la evolución de las viviendas de uso turístico, pero la suspensión se aplica a todo el uso de hospedaje: hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones, albergues y apartamentos turísticos reglados. El diagnóstico se hace sobre una modalidad y la restricción recae sobre todas. Para dimensionarlo cita el Registro de Turismo de Andalucía de abril de 2026: 18.235 plazas en establecimientos hoteleros frente a 64.760 en viviendas de uso turístico.
La patronal advierte de que frenar la nueva oferta puede desincentivar inversiones y restar capacidad para atender congresos, ferias, grandes eventos y competiciones deportivas. Y propone actuar sobre la raíz: acelerar la vivienda protegida y asequible, agilizar la tramitación urbanística y repartir la oferta turística hacia otros barrios.
AVVAPro lleva el debate al terreno jurídico. Pide una justificación técnica, jurídica y económica completa; revisar que las viviendas turísticas queden incluidas automáticamente en el uso urbanístico de hospedaje; reconsiderar el alcance, la duración y la necesidad de la suspensión; completar la metodología del Índice de Presión Turística, y justificar por qué se aplican restricciones de la misma intensidad en barrios con realidades distintas. Recuerda que la Directiva de Servicios y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado exigen que cualquier limitación supere los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. «Regular no es simplemente prohibir», resume.
Málaga lleva todo el año endureciendo el marco, y aquí lo hemos ido contando: en mayo, una moratoria con la ciudad en 12.754 viviendas de uso turístico registradas y 8.596 activas; en julio, la modificación del planeamiento que suspende durante tres años los nuevos hoteles y apartamentos turísticos en parcelas residenciales, dejando fuera el suelo terciario y las parcelas hoteleras.
Lo que da un interés especial a estas alegaciones es su coincidencia con lo que acaba de proponer Bruselas. El reglamento de vivienda asequible que la Comisión Europea presentó el 9 de septiembre exige declarar antes una zona bajo presión con criterios objetivos, limitar las medidas al territorio necesario, ajustarlas a las modalidades que más reducen la oferta residencial, considerar opciones menos restrictivas que las prohibiciones y revisarlas al menos cada cinco años. Es, casi punto por punto, lo que reclaman Aehcos y AVVAPro.
El reglamento todavía debe pasar por el Parlamento Europeo y no se aplica a Málaga hoy. Pero apunta al estándar con el que se van a medir este tipo de decisiones en toda la Unión. Y frente a ese estándar, una suspensión que no distingue entre un hotel y una vivienda turística, justificada con datos de solo una de las dos, encaja peor. Para el Flexible Accommodation profesional la consecuencia es práctica: la discusión deja de ser si se restringe y pasa a ser con qué datos y con qué proporción, un terreno en el que el sector que presenta cifras llega mejor preparado.
