The Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre cómo Booking.com combate las estafas y el fraude en su plataforma. El objetivo es determinar si ha incumplido la Ley de Servicios Digitales (DSA) «al no haber evaluado con diligencia ni mitigado de forma efectiva los riesgos relacionados con los anuncios fraudulentos y las estafas de phishing». Lo publica PhocusWire.
La decisión llega tras un análisis preliminar de los informes de evaluación de riesgos que la compañía presentó entre 2023 y 2026, de sus informes de transparencia y de las respuestas a dos requerimientos de información, de septiembre de 2025 y mayo de 2026. Booking.com está designada plataforma en línea de muy gran tamaño desde abril de 2023, y esa etiqueta trae obligaciones reforzadas: el incumplimiento puede castigarse con hasta el 6% de la facturación anual mundial.
La investigación mira tres frentes. El primero, los anuncios falsos: alojamientos que no existen, suplantaciones de identidad y ofertas que no cumplen la normativa. El segundo, el phishing, y aquí está el punto que más debería interesar a quien gestiona alojamiento, porque Bruselas se fija en cómo se comparten los datos de reserva y de los huéspedes con los establecimientos y en el servicio de mensajería de la plataforma. Es exactamente el canal por el que llevan años circulando los mensajes falsos que suplantan a la plataforma para pedir pagos o credenciales.
El tercero es la transparencia publicitaria. La norma exige que el usuario reconozca con claridad lo que es un anuncio, y la Comisión lo explica en términos que describen bien el negocio: «Sin eso, no pueden saber si un alojamiento aparece de forma destacada porque encaja con su búsqueda o porque el establecimiento ha pagado por esa visibilidad». El regulador evaluará cuán fácil resulta distinguir un anuncio y cambiar las preferencias sobre qué anuncios se ven.
Booking.com asegura estar «cooperando plenamente» y responder de forma constructiva, y recuerda que la seguridad y la protección de los datos personales son prioridades de la compañía. La vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen resumió la posición de Bruselas: «Los europeos deberían poder reservar sus vacaciones sin miedo a ser estafados».
No hay plazo. La Comisión está reuniendo pruebas y la apertura del procedimiento le permite adoptar medidas cautelares antes de concluir, o cerrar el caso si la plataforma se compromete a corregir lo señalado. Conviene recordar que en abril la compañía confirmó un acceso no autorizado a nombres, correos, teléfonos y datos de reserva, y que desde mayo de 2024 es además guardián de acceso bajo la Ley de Mercados Digitales.
Esto dibuja una pinza regulatoria que conviene leer entera. Hace un mes contábamos que Google desmontaba en Europa su módulo de vivienda vacacional para evitar más sanciones por esa segunda norma; ahora la primera apunta a la mayor agencia de reservas del continente. Las dos piezas del escaparate digital del alojamiento están bajo revisión a la vez.
Para el operador de Flexible Accommodation hay una consecuencia práctica inmediata, y no depende del resultado del expediente. Si Bruselas acaba endureciendo cómo se transmiten los datos de reserva, la operativa diaria de quien recibe esos datos cambiará: menos información en el mensaje, más pasos de verificación, más fricción con el huésped. Vale la pena ir mirando cómo entran hoy esos datos en el sistema propio de cada uno, porque esa es la puerta por la que se cuela el fraude y también la que el regulador quiere cerrar.
