El panorama regulatorio para el Flexible Accommodation en Andalucía ha sido profundamente transformado. La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto que redefine las reglas del juego para las viviendas de uso turístico (VUT), buscando un equilibrio entre el dinamismo del sector, el derecho a la vivienda y el bienestar de los residentes.
El cambio más significativo de esta nueva normativa es la transferencia de poder a los ayuntamientos. A partir de ahora, las administraciones locales tendrán la potestad de establecer limitaciones en el número de viviendas de uso turístico en sus municipios. Esta medida no es arbitraria; cualquier restricción deberá estar debidamente justificada por «razones imperiosas de interés general», ser proporcionada y estar respaldada por informes y datos que acrediten su necesidad. Esto abre la puerta a una gestión mucho más localizada y adaptada a la realidad de cada ciudad o zona turística.
Pero la nueva regulación no solo se centra en el control cuantitativo, sino también en un salto cualitativo de la oferta. Se han establecido nuevos requisitos para todas las viviendas de Flexible Accommodation, buscando profesionalizar el sector y garantizar unos estándares mínimos de calidad. Entre las novedades destacan:
- Límites de ocupación: La capacidad máxima de las viviendas estará determinada por la cédula de habitabilidad o documento equivalente, con un tope de 2 personas por dormitorio (máximo 15 en total) y 4 personas en los estudios.
- Equipamiento obligatorio: Todas las VUT deberán contar con equipamientos básicos similares a los de otros alojamientos turísticos, como climatización (calefacción y refrigeración según la temporada de apertura), un botiquín de primeros auxilios y un extintor, entre otros.
- Profesionalización de la gestión: Se crea la figura de la «empresa explotadora de viviendas de uso turístico» para aquellas personas o entidades que gestionen más de 10 VUT. Estos operadores deberán cumplir con obligaciones específicas, lo que supone un paso hacia una gestión más profesionalizada y responsable.
Para facilitar la transición, las viviendas de uso turístico que ya están inscritas en el registro dispondrán de un plazo de un año para adaptarse a las nuevas exigencias de equipamiento.
La Junta busca sentar las bases de un modelo turístico más sostenible, que ofrezca seguridad jurídica a los operadores y, al mismo tiempo, dote a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para ordenar su territorio y proteger el interés general. Es una clara apuesta por un futuro donde la calidad, la convivencia y la gestión profesional sean los pilares del sector.
