El panorama del Alojamiento Flexible en España se encuentra en un momento de transformación significativo debido a la reciente normativa gubernamental. Miles de propietarios de viviendas turísticas se enfrentan a nuevos desafíos e incertidumbres que podrían impactar su capacidad para operar.
Uno de los principales puntos de inflexión es la obligación de obtener una autorización expresa de la comunidad de vecinos para poder ofrecer Alojamiento Flexible. Esta autorización, que requiere la aprobación de las tres quintas partes de los propietarios, se ha convertido en un requisito fundamental para la inscripción en el Registro Único Digital antes del 1 de julio.
Sin embargo, la implementación de esta normativa está generando gran confusión. Existe una falta de consenso entre los registradores de la propiedad, los dueños de los inmuebles y las administraciones sobre si este permiso vecinal se aplica únicamente a las nuevas viviendas destinadas al Alojamiento Flexible o también a aquellas que ya estaban operando. Esta ambigüedad provocó un colapso en la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad ante la urgencia de los propietarios por inscribirse y asegurar su continuidad en el sector del Alojamiento Flexible.
Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro) se ha expresado la preocupación por la falta de una interpretación unánime de la norma por parte de los registradores. Algunos exigen la autorización vecinal para todas las viviendas de Alojamiento Flexible, mientras que otros la consideran solo para los nuevos inmuebles. Esta situación deja a muchos propietarios en una posición de incertidumbre, dependiendo de la decisión de sus comunidades de vecinos.
Otro aspecto que genera dudas es la situación de las viviendas que ya ofrecían Alojamiento Flexible y estaban registradas bajo la normativa turística anterior. Si bien el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de enero podría interpretarse como una exención de este nuevo permiso vecinal para estas propiedades, no todos los registradores parecen compartir esta interpretación.
La situación se vuelve particularmente compleja en comunidades autónomas como Andalucía, donde la inscripción en el registro turístico se realizaba mediante una declaración responsable, asumiendo que la inscripción implicaba la ausencia de prohibición por parte de la comunidad de vecinos. Ahora, la exigencia gubernamental de una autorización expresa pone en riesgo la operatividad de muchas de estas viviendas de Alojamiento Flexible si no se inscriben en el Registro Único antes de julio. Aquellas propiedades que no logren esta inscripción no podrán comercializarse en plataformas online, incluso si están inscritas en el registro autonómico.
Además de la autorización vecinal, existen otras interrogantes que afectan al sector del Alojamiento Flexible:
- Viviendas con recursos en marcha con la administración: ¿Cuál será su situación ante la nueva normativa?
- Chalets en comunidades con entrada independiente: ¿Se les exigirá la autorización vecinal?
- Transferencia de la consideración de alquiler vacacional: ¿Se mantendrá tras la venta de un inmueble?
- Viviendas rurales y la licencia de primera ocupación: La exigencia de este documento, del que carecen muchas propiedades antiguas, podría suponer un coste elevado a través de la figura del Asimilado de Fuera de Ordenación (AFO).
La baja tasa de inscripciones en la Ventanilla Única Digital por parte de las viviendas turísticas ya registradas en Andalucía, estimada en un escaso 5%, añade aún más incertidumbre sobre la continuidad de la actividad del Alojamiento Flexible a partir del 1 de julio.
En definitiva, la nueva normativa sobre viviendas turísticas plantea desafíos significativos e incertidumbres que requieren una clarificación urgente por parte de las autoridades para garantizar la viabilidad del sector del Alojamiento Flexible en España. La falta de certeza en la interpretación de la norma y los requisitos para la inscripción en el Registro Único están generando preocupación y alarma entre los propietarios, quienes ven en peligro su actividad económica.
