La ambiciosa puesta en marcha del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) en España, diseñada para ejercer un mayor control sobre el Alojamiento Flexible y de temporada, está encontrando su primer gran escollo: la capacidad de procesamiento de los registros municipales. Lejos de ser un trámite ágil, la «avalancha» de solicitudes está colapsando muchas oficinas en los principales municipios turísticos del país.
Los datos recientes son elocuentes. Hasta la fecha, los registradores han tramitado 340.000 solicitudes del NRUA. Sin embargo, la validación final es un proceso lento: solo 145.152 solicitudes (un 42%) han sido aceptadas de forma definitiva, mientras que 18.727 (un 5,5%) han sido denegadas. Alarmantemente, más de 176.000 solicitudes (más del 50%) siguen pendientes de verificación. Este cuello de botella burocrático tiene una consecuencia directa e inmediata: impide que miles de apartamentos de Alojamiento Flexible puedan anunciarse en plataformas tan cruciales como Airbnb y Booking.com, que ya han comenzado a eliminar los listados sin el número (provisional o definitivo).
La complejidad se agrava por la «disparidad de criterios» entre las distintas Comunidades Autónomas para la concesión del NRUA. Lo que en una región es un requisito, en otra puede ser diferente: desde una licencia autonómica específica o un certificado de habitabilidad, hasta una licencia municipal o la prueba de cumplir con requisitos turísticos específicos. Esta heterogeneidad burocrática, sumada al elevado volumen de solicitudes, está provocando retrasos significativos que exasperan a los propietarios.
Mientras el Gobierno defiende que esta medida busca atajar el «problema de la vivienda» y aumentar la oferta de alquiler a largo plazo, el sector mantiene una postura escéptica. Argumentan que la mayoría de estas propiedades de Alojamiento Flexible no se convertirán en alquileres residenciales a largo plazo, ya que sus ubicaciones o características no se ajustan a la demanda tradicional de vivienda. La «guerra» contra los apartamentos turísticos, lejos de amainar, parece que «se intensificará» durante este verano, impulsada precisamente por las dificultades en la obtención de este registro.
Este escenario genera un pulso entre la voluntad regulatoria del Gobierno y la realidad operativa del mercado. La intención de mayor control y transparencia se enfrenta a la complejidad de su implementación y a las consecuencias que la dificultad de acceso al NRUA tendrá sobre la oferta legal de Alojamiento Flexible y el negocio de miles de propietarios que, a pesar de operar dentro de la legalidad, se ven atrapados en un limbo administrativo. El impacto económico y la reconfiguración del mercado turístico y residencial de las próximas temporadas dependerán, en gran medida, de la agilidad con la que se resuelva este desafío registral.
