La oferta de vivienda turística comercializada en las grandes ciudades españolas se ha reducido un 9,1% entre enero y septiembre de 2026. En términos absolutos, el volumen medio de anuncios activos con disponibilidad en Airbnb, Booking.com y Vrbo pasó de 85.900 a 78.100 unidades en las veinte principales ciudades, según el análisis de Winahost, gestora de alquiler vacacional, publicado por Hosteltur.
El retroceso es casi general: afecta a 19 de los 20 municipios estudiados y solo Girona se mantiene estable. Pero el reparto es muy desigual. Palma encabeza la caída con un 36% (de 1.364 a 878 anuncios), seguida de A Coruña, con un 31% (de 620 a 427), y Santander, con un 25% (de 1.132 a 854). Después vienen Alicante (-13%) y, con un 11%, San Sebastián, Gijón y los dos grandes mercados: Barcelona baja de 14.922 a 13.278 inmuebles y Madrid, de 20.489 a 18.267. Valencia pierde un 10%. En el otro extremo apenas se mueven Málaga (-1%), Granada (-3%), Sevilla (-3,5%) y Zaragoza (-5%).
Lo relevante para quien opera alojamiento no está en esa columna, sino en las otras dos. La ocupación media apenas varió respecto al año anterior —siempre por debajo de 3,5 puntos de oscilación, al alza en diez ciudades y a la baja en las otras diez—, mientras que la tarifa media por noche subió en las veinte, con incrementos de entre el 8% y el 47%. El mayor fue precisamente el de Palma, donde más cayó la oferta: de 206 a 303 euros.
Esas tres cifras juntas describen un mercado que se estrecha sin perder demanda. Si se retiran 7.800 anuncios y la ocupación no se mueve, los viajeros no han desaparecido: se han redistribuido entre menos inmuebles, y eso se paga. Para el Alojamiento Flexible profesional, que compite por el mismo huésped de estancia corta y media, el efecto es doble: menos oferta informal enfrente y un precio de referencia más alto en la plaza.
Albert Pérez, cofundador de Winahost, lo atribuye a una depuración y no a un repliegue: «La caída de la oferta no significa que la vivienda turística esté en retroceso, sino que se está ordenando (…) La oferta que queda es cada vez más legal y más profesional, y los viajeros la siguen eligiendo».
Conviene matizar la causa que él señala, el registro único de arrendamientos de corta duración, porque el calendario no cuadra del todo con el periodo medido: estuvo vigente desde el 1 de julio de 2025, pero el Tribunal Supremo lo anuló en mayo de 2026 al entender que el Estado carecía de título competencial para superponer un registro nacional a los autonómicos. Es decir, buena parte de estos nueve meses transcurrió sin esa norma, aunque los anuncios retirados para cumplirla no volvieron.
Y ese es el matiz que importa. La criba no la está haciendo una norma estatal, sino la suma de los registros autonómicos y los expedientes municipales, como los 1,5 millones en sanciones que contábamos en Valencia. Al operador profesional le confirma lo que ya se intuía: el papeleo en regla ha dejado de ser un coste y se parece cada vez más a una barrera de entrada a su favor.
