El contrato de alquiler de temporada, tradicionalmente una herramienta para usos específicos como vacaciones, estudios o traslados laborales temporales, se ha convertido en el centro de un intenso debate sobre el mercado de la vivienda en España. Ahora, casi un año después de su registro, el Congreso de los Diputados ha decidido poner fin a esta situación, reactivando una proposición de ley impulsada por el PSOE que busca regular con precisión esta modalidad de Alojamiento Flexible.
El auge de esta fórmula no es casual. Ante las regulaciones de la Ley de Vivienda, como los topes de precios en zonas tensionadas o la duración mínima de los contratos, muchos propietarios han encontrado en el alquiler de temporada una vía para sortear estas limitaciones. Esto ha provocado un trasvase masivo de la oferta residencial tradicional hacia contratos de corta duración, a menudo de 11 meses, que en la práctica cubren necesidades de vivienda permanente. En ciudades como Madrid y Barcelona, la oferta de alquiler de temporada ya representa cerca del 30% del total.
La clave de la nueva normativa reside en un cambio de paradigma: la finalidad del alquiler prevalecerá sobre la duración estipulada en el contrato. Es decir, si se puede demostrar que un inquilino está utilizando la vivienda como su residencia habitual y permanente, el contrato se considerará un arrendamiento de vivienda tradicional, independientemente de que se haya firmado como «de temporada». Esto implicaría la aplicación de todas las protecciones y regulaciones de la Ley de Vivienda.
La ley busca diferenciar con claridad el Alojamiento Flexible legítimo –aquel destinado a cubrir una necesidad temporal real por motivos de ocio, estudio o trabajo– de aquellos arrendamientos que, en la práctica, son una simulación para esquivar la normativa. La carga de la prueba sobre la temporalidad y la justificación del contrato recaerá sobre el arrendador.
Este movimiento legislativo es, en esencia, un intento de reequilibrar el tablero de juego del alquiler en España, cerrando una de las principales vías de escape a la regulación. Su aprobación, que podría llegar en los próximos meses, forzará una clarificación en el mercado y tendrá un impacto directo en la forma en que se gestiona y se ofrece el Alojamiento Flexible en el país.
