El complejo equilibrio entre el derecho a la vivienda y el dinamismo del mercado inmobiliario en los archipiélagos españoles ha vivido un nuevo capítulo en el Congreso de los Diputados. Una Proposición no de Ley impulsada por el PSOE, que instaba al Gobierno a implementar medidas para limitar la compra de viviendas por parte de no residentes en Baleares y Canarias, ha sido rechazada.
La iniciativa socialista partía de la premisa de que la fuerte demanda extranjera, a menudo vinculada al Alojamiento Flexible y a la inversión, está tensionando los precios hasta hacerlos inaccesibles para los residentes locales. Buscaban explorar una vía similar a la de otros territorios, como Canadá, para proteger el mercado residencial insular.
Sin embargo, la propuesta se ha topado con un muro. El Partido Popular y Vox votaron en contra, calificando la medida de «cortina de humo» para desviar la atención del, a su juicio, fracaso de la Ley de Vivienda estatal. Desde estas formaciones se argumentó que el verdadero problema no es la demanda extranjera, sino la falta de oferta de vivienda. Calificaron la propuesta de «xenófoba» y contraria a los principios de la Unión Europea sobre la libre circulación de capitales, advirtiendo de la inseguridad jurídica que podría generar.
El socio de gobierno, Sumar, sí apoyó la iniciativa, defendiendo la necesidad de actuar ante una situación que calificaron de «emergencia habitacional» y priorizando el derecho a la vivienda sobre su consideración como un mero bien de mercado.
La complejidad del debate se reflejó en las abstenciones de partidos como Coalición Canaria y Junts. Consideraron la propuesta «simplista», argumentando que mezcla problemas distintos y no aborda la cuestión de fondo: la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible.
Este resultado en el Congreso no cierra el debate, sino que lo aviva. Pone de manifiesto la falta de consenso sobre el diagnóstico del problema: ¿es la presión de la demanda vinculada al turismo y al Alojamiento Flexible la principal causa de la crisis, o es una cuestión estructural de escasez de oferta? La votación deja claro que, por ahora, cualquier solución que implique limitar la inversión extranjera en el sector inmobiliario de las islas tiene un camino legislativo muy complicado por delante.
