Canarias, uno de los destinos turísticos más importantes de Europa, se prepara para redefinir el marco legal que regula el Alojamiento Flexible. El Gobierno canario ha puesto en marcha un anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una iniciativa que busca dar respuesta a la creciente tensión entre el auge del alquiler vacacional y la necesidad de preservar el uso residencial y el equilibrio territorial.
Este nuevo marco legal se asienta sobre varios pilares fundamentales, con la planificación urbanística como eje central. La ley otorgará a los ayuntamientos la capacidad de decidir, a través de sus instrumentos de planeamiento, dónde y bajo qué condiciones se puede implantar el Alojamiento Flexible. Esto permitirá una gestión más adaptada a la realidad de cada municipio, pudiendo establecer zonas de crecimiento, de contención o incluso de exclusión, siempre con la debida justificación.
La calidad y la sostenibilidad son otros de los grandes objetivos de la reforma. El anteproyecto introduce una serie de requisitos más exigentes para las viviendas de uso turístico, buscando elevar los estándares y profesionalizar la oferta. Entre las nuevas condiciones destacan:
- Antigüedad mínima de la vivienda: Se exigirá que los inmuebles tengan una antigüedad mínima de diez años, con el fin de evitar que la nueva construcción se destine directamente al mercado turístico en detrimento del residencial.
- Requisitos energéticos: Las viviendas deberán cumplir con criterios de eficiencia energética, como disponer de sistemas de ahorro de agua y energía.
- Superficie útil mínima: Se establecerá una superficie mínima por persona, garantizando la comodidad de los huéspedes.
- Autorización de la comunidad de propietarios: Será necesaria la autorización expresa de la comunidad de vecinos para destinar una vivienda al uso turístico, otorgando un mayor poder de decisión a los residentes.
Además, la nueva ley contempla un plazo máximo de vigencia de las licencias, que no podrá exceder de cinco años, tras los cuales deberán ser renovadas, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos. También se establece la creación de un censo insular de viviendas turísticas, que permitirá un mayor control y una mejor planificación de la oferta.
Esta reforma legislativa es un claro indicador de la voluntad del Gobierno de Canarias de buscar un modelo turístico más equilibrado y sostenible. Es un intento de ordenar el crecimiento del Alojamiento Flexible, asegurando que su desarrollo sea compatible con la protección del territorio, la convivencia ciudadana y el acceso a la vivienda, pilares fundamentales para el futuro del archipiélago.
