El sector del Alojamiento Flexible en Andalucía se encuentra en un escenario de incertidumbre jurídica tras la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir el decreto del Gobierno central que establece el Registro Único de viviendas turísticas. La administración autonómica ha iniciado un proceso legal contra esta normativa, al considerar que invade sus competencias exclusivas en materia de turismo.
La Consejería de Turismo andaluza argumenta que el decreto del Gobierno central «usurpa» las competencias que la comunidad autónoma tiene en la ordenación y planificación del sector turístico, tal como se establece en su Estatuto de Autonomía. La Junta recuerda que incluso había actualizado su propia normativa sobre viviendas turísticas en febrero del año anterior, incorporando herramientas para que los municipios pudieran regular esta actividad en zonas saturadas.
El procedimiento legal iniciado por la Junta comenzó con la presentación de un requerimiento previo al Gobierno central, cuyo plazo de respuesta expiró sin obtenerla. Ante esta falta de respuesta, la Junta de Andalucía ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso administrativo en un plazo de dos meses, que finaliza el 24 de mayo.
El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha criticado la actitud del Gobierno central, calificándola de «paternalista» al considerar que la nación cree que las comunidades autónomas no saben ejercer sus competencias. Bernal también lamenta que el decreto nacional no haya tenido en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas.
En el requerimiento previo, la Junta señala que el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único, se extralimita respecto al objeto del reglamento de la Unión Europea y vulnera el ámbito competencial de Andalucía. La Junta solicita la derogación de este decreto, que obliga a las empresas de Alojamiento Flexible a cumplir con sus requisitos antes del 1 de julio para poder comercializar sus inmuebles en plataformas online.
Bernal también cuestiona la eficacia del decreto para abordar problemas como la gentrificación, argumentando que se centra únicamente en el turismo cuando el problema de la vivienda tiene otras causas. Para la Junta, el Gobierno central podría haber cumplido con la normativa europea simplemente estableciendo que las comunidades autónomas enviaran los datos de sus propios registros al registro único, otorgándoles un número de identificación.
Mientras tanto, el sector del Alojamiento Flexible en Andalucía se enfrenta a una gran incertidumbre sobre cómo proceder ante esta doble normativa, la autonómica y la estatal, y el resultado del recurso legal interpuesto por la Junta.
